Bogotá, 17 de abril de 2008 – “No tendremos ninguna contemplación con los miembros de la Fuerza Pública que de una u otra forma estén delinquiendo”, aseveró el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos al referirse al caso en el que siete militares en Córdoba se vieron involucrados con bandas criminales emergentes.
Santos informó que los uniformados se están investigando por concierto para delinquir y se tienen pruebas de su convivencia con alias “Don Mario”: “Estos oficiales, suboficiales y soldados están ya a buen recaudo y la ley debe aplicarse con todo el rigor”.
El titular de la defensa señaló que este caso demuestra la política de cero tolerancia con los militares o policías que cometan algún delito: “Es un paso muy importante en la dirección correcta que nosotros mismos estemos ayudando que se limpie la institución”.
Finalmente, el alto funcionario informó que seguirá la lucha contra todas las bandas criminales, especialmente contra las estructuras de alias “Don Mario” “Los Mellizos” y “Rogelio”: “Queremos es desvértebrar todas estas bandas y hemos sido bastante exitosos poniendo presos una parte importante de sus integrantes, pero nuestro principal objetivo es poner tras las rejas a sus cabecillas”.
Compromiso con los derechos humanos
Durante su intervención ante los generales y almirantes de las Fuerzas Militares en un seminario de Derechos Humanos, el Ministro reiteró el compromiso de la Fuerza Pública con su respeto, el cual calificó como fundamental para preservar y fortalecer la legitimidad de la institución.
“El compromiso de la Fuerza Pública colombiana es con la vida y con el respeto y protección de los derechos humanos. El compromiso de la Fuerza Pública es el de cooperar plenamente con los jueces, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General de la Nación, con el Programa Presidencial de Derechos Humanos, y con organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en todo lo que sea de su competencia”, afirmó.
Santos destacó el inmenso respaldo de los colombianos a su Fuerza Pública, el cual, dijo “nos hemos ganado a pulso, con nuestro actuar impecable contra el terrorismo y el narcotráfico, y nuestro respeto a los derechos humanos”.
Recordó los avances de la Fuerza Pública en este tema y el importante papel que ha tenido la capacitación que reciben todos los uniformados.
“Mientras hace trece años, con un pie de fuerza de menos de 230 mil hombres, la Procuraduría recibió 3 mil quejas por eventuales violaciones de derechos humanos por la Fuerza Pública, el año pasado, con un pie de fuerza ampliado de más de 388 mil hombres, las quejas se redujeron a 420. ¡Una reducción en las quejas del 86%, al tiempo que el pie de fuerza subió en un 55%!”, manifestó.
El alto funcionario también se refirió a las denuncias que se han presentado sobre presuntos homicidios en persona protegida por parte de miembros de las Fuerzas Militares.
“Tenemos que aceptar que estas situaciones, infortunadamente, han tenido ocurrencia en algunos casos concretos. No es una conducta generalizada ni una política de Estado, ni mucho menos, pero ha ocurrido, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no suceda de nuevo”, expresó.
No obstante, expresó que no todos los casos resultan ciertos.
“Por supuesto, no todos los casos denunciados han resultado ciertos, y aquí es muy importante que la Fiscalía devuelva de manera ágil a la Justicia Penal Militar los casos en que quede claro que no hubo exceso de fuerza, y que se haga el mismo despliegue en los medios”, dijo.
En este sentido, explicó la importancia de que “todos los miembros de la Fuerza Pública, sobre todo los comandantes, conozcan y estudien muy bien cómo operan los Derechos Humanos y el DIH en situaciones de combate, más aún en combates irregulares como los que plantean los grupos terroristas”.
Al respecto, reiteró una serie de pautas entre las que se incluye priorizar las demovilizaciones y las capturas sobre los bajas en el enemigo a la hora de mostrar resultados.
“La mejor forma de mostrar resultados operacionales no es mediante la baja del enemigo. Como he dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo: Es preferible una captura que un abatimiento, y es mejor una desmovilización que una captura. Tenemos que convencernos de que la muerte en combate debe ser la última opción”, afirmó.
Igualmente, reiteró la obligación de que todas las operaciones se planeen y ejecuten conforme al Derecho Internacional Humanitario, “donde se pueda establecer cuáles son el objetivo militar y la necesidad militar, y se pueda valorar el principio de proporcionalidad”.
Juan Manuel Santos, pidió a los generales y almirantes a que intensifiquen el conocimiento, la aplicación y la divulgación la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del sector Defensa, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa, el pasado mes de enero.
“Esta Política Integral es el resultado de un proceso de revisión y robustecimiento de todos los instrumentos con que cuenta la Fuerza Pública para garantizar que la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario estén siempre en el centro de nuestro objetivo estratégico, que es llevar el Estado de derecho a cada rincón del territorio”, puntualizó.
PALABRAS DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, JUAN MANUEL SANTOS, EN EL SEMINARIO SOBRE DERECHOS HUMANOS CON LOS GENERALES Y ALMIRANTES DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá, 17 de abril de 2008
En primer lugar, quiero agradecer al señor embajador William Brownfield y al equipo de la Embajada de los Estados Unidos por la organización de este oportuno encuentro sobre un tema tan fundamental como lo es el de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y su correcta aplicación desde la Fuerza Pública.
Hemos invitado a todos los generales y almirantes de nuestras Fuerzas Militares porque estamos convencidos de que éste no es un tema accesorio, sino, todo lo contrario, un tema esencial para el éxito de nuestra estrategia militar y para la concreción de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.
La razón de ser y las posibilidades de triunfo de una Fuerza Pública radican en un concepto fundamental: LA LEGITIMIDAD.
Pues bien: esa legitimidad se gana cuando se obra con estricto apego a la Constitución y la Ley, y cuando se protegen los Derechos Humanos y se aplica el Derecho Internacional Humanitario..
Ahora que los logros operacionales están generando el debilitamiento del enemigo, es cuando resulta más importante mantener la credibilidad y la confianza, no sólo a nivel nacional sino también internacional.
Las Fuerzas Militares puntean hoy en las encuestas de opinión, con rangos de favorabilidad superiores al 80 por ciento, según las últimas encuestas. Nos hemos ganado esa opinión favorable a pulso, con nuestro actuar impecable contra el terrorismo y el narcotráfico, y nuestro respeto a los derechos humanos.
Somos campeones en el mundo en el tema de capacitación sobre Derechos Humanos. No hay otro país en que sus militares dediquen tanto tiempo a esta temática. Y miren este dato: Mientras hace trece años, con un pie de fuerza de menos de 230 mil hombres, la Procuraduría recibió 3 mil quejas por eventuales violaciones de derechos humanos por la Fuerza Pública, el año pasado, con un pie de fuerza ampliado de más de 388 mil hombres, las quejas se redujeron a 420.
¡Una reducción en las quejas del 86%, al tiempo que el pie de fuerza subió en un 55%!
Hemos avanzado. Eso no lo niega nadie. Pero hoy quiero ser muy enfático en este mensaje: Tenemos que perseverar en el tema de los derechos humanos, tenemos que profundizarlo hasta que logremos eliminar cualquier sombra de duda de la actuación de un militar colombiano, en cualquier circunstancia.
Decía el filósofo alemán Federico Nietzsche que “aquel que combate monstruos debe tener cuidado de no convertirse, él mismo, en un monstruo”.
Éste es el grave riesgo al que se enfrentan, muchas veces, quienes combaten a peligrosos delincuentes o a amenazas tan graves como el narcotráfico y el terrorismo.
Por eso tenemos que ser muy claros: Si, por derrotar al monstruo, nos convertimos en otro monstruo, no hemos ganado sino perdido, porque habremos reproducido aquello que pretendíamos acabar.
Ojo a esto: “No podemos ganar la Guerra y perder un Ejército”.
En este sentido, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del sector Defensa, que lanzamos el mes de enero, parte de la premisa de que la supuesta “restricción” de tener que obrar conforme a la ley y respetando los derechos humanos, más que una restricción es una ventaja estratégica de la Fuerza Pública.
Los derechos humanos son la base del ordenamiento constitucional que el pueblo colombiano ha elegido para sí, y todo soldado o policía, como representante de la autoridad y como ciudadano, tiene en la protección y el respeto de los derechos humanos su primera obligación.
Si no respetásemos los derechos humanos, si nos igualáramos a esos monstruos del narcotráfico y el terrorismo, perderíamos nuestro mayor activo operacional, que no son los equipos, ni la tropa, ni la estrategia, sino el apoyo y la confianza de la población.
Señores Generales y Almirantes: Los invito, enfáticamente, a conocer, aplicar y divulgar en todos sus aspectos la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del sector Defensa.
Esta Política Integral es el resultado de un proceso de revisión y robustecimiento de todos los instrumentos con que cuenta la Fuerza Pública para garantizar que la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario estén siempre en el centro de nuestro objetivo estratégico, que es llevar el Estado de derecho a cada rincón del territorio.
Es fruto, además, de un esfuerzo conjunto entre un equipo del Ministerio de Defensa y las inspecciones y oficinas de derechos humanos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, además de diferentes expertos que consultamos para temas particulares.
Con la nueva política trabajaremos en diversas líneas de acción, como las siguientes:
– El entrenamiento en Derechos Humanos será menos teórico y más práctico, y se integrará a todos los niveles de instrucción.
– Avanzaremos en el desarrollo de un Derecho Operacional colombiano que trace los parámetros legales para las operaciones, con un acompañamiento de asesores jurídicos operacionales que ayuden a esclarecer las reglas de juego.
– Protegeremos los Derechos Humanos de los miembros de la Fuerza Pública que arriesgan sus vidas cada día por sus compatriotas, garantizando que nuestros combatientes tengan una adecuada defensa en los estrados judiciales.
– Fortaleceremos las medidas en favor de grupos especiales como comunidades indígenas y afrocolombianas, víctimas, desplazados, niños, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos, entre otros.
– Finalmente, implementaremos mecanismos para garantizar la cooperación entre la Fuerza Pública y los órganos judiciales y de control, y para incrementar la cooperación internacional en Derechos Humanos.
En suma, ¡haremos del respeto a los Derechos Humanos la fortaleza esencial de nuestra Fuerza Pública!
Estimados amigos de la familia militar:
Las armas legítimas de la nación están al servicio de la ley y la democracia, no del hampa o el delito. Quien traicione su honor militar para aliarse con criminales debe responder personalmente por sus actos ante la justicia.
Frente a éstas y cualesquiera otras acciones que no puedan considerarse como parte del servicio de un militar o un policía, la política del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública es de Cero Tolerancia.
La mano del Ministro y de los comandantes no puede temblar jamás para mantener a nuestra Fuerza Pública en el camino luminoso de la legitimidad, que es nuestra principal fortaleza.
El compromiso de la Fuerza Pública colombiana es con la vida y con el respeto y protección de los derechos humanos.
El compromiso de la Fuerza Pública es el de cooperar plenamente con los jueces, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General de la Nación, con el Programa Presidencial de Derechos Humanos, y con organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en todo lo que sea de su competencia.
Hoy quisiera que examináramos más detenidamente un motivo constante de preocupación nacional e internacional, como lo es el de las denuncias por presuntos homicidios en persona protegida por parte de las Fuerzas Militares, que la justicia ordinaria y las organizaciones defensoras de derechos humanos llaman “ejecuciones extrajudiciales”.
Primero que todo, tenemos que aceptar que estas situaciones, infortunadamente, han tenido ocurrencia en algunos casos concretos. No es una conducta generalizada ni una política de Estado, ni mucho menos, pero ha ocurrido, y tenemos que hacer TODO LO QUE ESTÉ EN NUESTRAS MANOS para que no suceda de nuevo.
Internacionalmente, se han presentado condenas por ejecuciones extrajudiciales, y nacionalmente, según el último informe de la Fiscalía, han sido condenados por estos crímenes 18 miembros del Ejército colombiano, y hay 748 más vinculados a investigaciones vigentes.
Se han demostrado casos de uso excesivo de la fuerza y se han demostrado casos en los cuales se ha alterado la escena de los hechos.
Repito: NO ES LA REGLA, pero tenemos que admitir, con preocupación, que han ocurrido casos condenables.
Por supuesto, no todos los casos denunciados han resultado ciertos, y aquí es muy importante que la Fiscalía devuelva de manera ágil a la Justicia Penal Militar los casos en que quede claro que no hubo exceso de fuerza, y que se haga el mismo despliegue en los medios.
Éste es un tema muy delicado, con límites no siempre claros. De ahí la importancia de que todos los miembros de la Fuerza Pública, sobre todo los comandantes, conozcan y estudien muy bien cómo operan los Derechos Humanos y el DIH en situaciones de combate, más aún en combates irregulares como los que plantean los grupos terroristas.
Todos debemos tener claras premisas como las siguientes:
No todo enemigo ni todo simpatizante del enemigo puede ser dado de baja independientemente de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
La mejor forma de mostrar resultados operacionales no es mediante la baja del enemigo. Como he dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo: Es preferible una captura que un abatimiento, y es mejor una desmovilización que una captura. Tenemos que convencernos de que la muerte en combate debe ser la última opción.
Las operaciones ofensivas se deben limitar a las planeadas y ejecutadas en el marco del DIH, donde se pueda establecer cuáles son el objetivo militar y la necesidad militar, y se pueda valorar el principio de proporcionalidad.
La carga de la prueba está en la Fuerza Pública que, una vez denunciada, tiene que demostrar que actuó en legítima defensa o que atacó a un indiscutible objetivo militar.
En suma, señores Generales y Almirantes: Con el mismo empeño que ponemos en combatir los terroristas y los narcotraficantes, tenemos que dedicarnos a erradicar cualquier posibilidad de que se dé un nuevo caso de homicidio en persona protegida o de exceso de fuerza.
Hay instrucciones y mecanismos vigentes, que debemos que interiorizar y aplicar en su integridad, que los invito a repasar y compartir con sus tropas: El 6 de junio de 2007 expedí la Directiva 10 con el fin de reiterar las obligaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y prevenir homicidios en persona protegida.
En dicha directiva se creó el Comité de Seguimiento a denuncias por presuntos homicidios en persona protegida, para impulsar las investigaciones penales y disciplinarias, fortalecer los controles y prevenir nuevos hechos.
Este comité está integrado por el Ministro de Defensa; el Viceministro para Políticas y Asuntos Internacionales; el Comandante General de las Fuerzas Militares; los Comandantes del Ejército y la Armada; los Inspectores del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; la Directora de la Justicia Penal Militar, y los Coordinadores de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, del Comando y de las Fuerzas Militares.
Además, son invitados permanentes la Fiscalía, la Procuraduría, el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH, el Director e Inspector General de la Policía Nacional, y el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos.
Hasta la fecha hemos tenido nueve reuniones del comité, la última de ellas el pasado 28 de febrero, en las que hemos fortalecido la cooperación interinstitucional e identificado los obstáculos para el avance de las investigaciones. Adicionalmente, en la directiva 19 del 2 de noviembre de 2007 ordené agotar todos los recursos disponibles para que, cuando se presenten muertes en combate, la diligencia de levantamiento y todas las pruebas preliminares sea llevada a cabo por la Policía judicial y no por la tropa.
De igual forma, di instrucciones a los comandantes militares de facilitar la práctica oportuna de las diligencias judiciales ordenadas por las autoridades judiciales, y a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar de promover el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el alcance de la competencia de la jurisdicción especia
La Directora de la Justicia Penal Militar está revisando los casos en cada unidad y recomendando a los jueces el envío a la justicia ordinaria cuando los mismos caractericen violaciones de derechos humanos.
Se han remitido más de 100 investigaciones a la justicia ordinaria sin provocar colisión de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura.
También la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar puso en ejecución un Plan de Acción para impulsar los casos del 2007, y solicitó a la Procuraduría la designación de agentes especiales para todos los procesos que se adelanten por presuntos homicidios en persona protegida.
Como puede verse, estamos obrando, de forma coordinada con las instituciones judiciales y de control, para adelantar acciones tendientes a fortalecer los controles, impulsar las investigaciones y prevenir posibles violaciones a los derechos humanos
El respeto a los derechos humanos y el DIH es el único camino a la legitimidad, y la legitimidad es la garantía de nuestro éxito.
Ninguna precaución es suficiente y ningún esfuerzo es bastante, cuando se trata de defender el derecho a la vida. Nuestra Fuerza Pública es ya admirada y reconocida por su capacidad y eficiencia operacional.
¡Hagámonos también dignos de la admiración y el reconocimiento nacionales e internacionales por nuestro respeto absoluto a las normas y principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario!
Muchas gracias
